Seguridad es tener trabajo, salud y educación :: Espacio de abogados del Frente Popular Darío Santillán

Miércoles 9 de Diciembre de 2009.

Seguridad es tener trabajo, salud y educación.

Hoy se frenó la votación de un proyecto de reforma al código contravencional en la provincia de Buenos Aires, gracias a la movilización de cientos de compañeros y compañeras que se agruparon a las puertas de la legislatura provincial, en repudio de este proyecto impulsado en medio de una marea de desinformación. En una semana se cambió mas de cuatro veces el proyecto original y los ciudadanos no teníamos acceso a una información certera acerca de lo que se estaba por tratar en el recinto. Finalmente se pasó la votación para el año próximo, así, el saldo de nuestra lucha es mas que positivo.

En medio de esta discusión, los medios de comunicación: diarios y televisión no hacen mas que generar cada vez mas sensación de inseguridad. Creemos que la seguridad tiene que ver con tener salud, trabajo y educación, y no con la presencia de mas policía en la calle o mas presupuesto para “combatir el delito”.

Los problemas sociales no se van a resolver judicialmente, este proyecto de reforma del código contravencional demuestra el fracaso de la gestión Scioli en el diseño de políticas sociales. Esta radiografía empeora si se analiza el presupuesto 2010 en el que se disminuyen las partidas para las áreas de justicia, infraestructura, instituto de la vivienda y educación.

Este gobierno de los derechos humanos no paga los planes ni los programas sociales, ni las becas de los jóvenes, ni el dinero dirigido a los comedores. Paralelo a ello no crea trabajo digno, generando cada vez mayor precariedad laboral. Entender a la “seguridad” desde una sola dimensión, implica mas segmentación social, mas discriminación y en definitiva ello lleva a la criminalización de la pobreza.

Creemos que es necesaria una reforma al actual código contravencional ya que el actual data del año 1973, fue dictado bajo las órdenes de un gobierno de facto y por ello consideramos que es necesaria una reforma que sea compatible con los actuales estándares internacionales en materia de derechos.

Este proyecto de código es inconstitucional y creemos que si se llegara a votar tal como esta planteado, generará responsabilidades internacionales al Estado argentino ya que éste se ha comprometido ante la comunidad internacional a garantizar los derechos humanos.

La constitución nacional no faculta a las provincias ni a los municipios para definir figuras penales o “pequeños delitos” ya que los delitos deben estar tipificados en el código penal.

Además esta reforma ha sido impulsada sin consultar a la sociedad, ni a los organismos de derechos humanos, es decir que carece de sustento técnico serio, de debate público, atenta contra el derecho a la información.

Este proyecto utiliza criterios amplios de selectividad mediante la creación de figuras amplias otorgándole mayor poder a la policía reforzando así estereotipos de fuerte contenido discriminatorio, creando un derecho penal de autor (reprimiendo por la condición social) y no de acto. En definitiva legitima practicas policiales actuales.

Criminaliza la protesta social, las manifestaciones, los escraches todo tipo de petición ante las autoridades, prevé contravenciones para quienes se cubrieran el rostro durante una manifestación, de esta forma vemos que este código va dirigido directamente al sector piquetero pero además atenta contra el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y al derecho a peticionar ante las autoridades. Sostenemos que los derechos solo se tienen si se los ejerce.

Este código, prevé la posibilidad de transformar la sanción de multa en arresto, esto implica una regresión en materia de derechos.

Ordena la creación de organismos y establecimientos “necesarios” para la puesta en marcha del fuero, pero no se establece de donde provendrán los fondos para ello, además de esta forma se genera una dependencia del poder judicial con el poder administrador, colisionando así con el principio de división de poderes. Asimismo los jueces serian designados por el poder administrador en lugar de ser elegidos por el consejo de la magistratura, esto atenta contra el principio de independencia de los poderes y de imparcialidad.

Posibilita la persecución de jóvenes ya que baja de edad de imputabilidad a los 14 años e incluso prevé la prisión preventiva para estos sujetos, lo cual es violatorio de la convención de los derechos del niño art 37 inciso D, que establece que esta medida “…se utilizará como medida de último recurso…”. En este orden de ideas se ha modificado la ley 13634 del fuero penal del niño en provincia de Buenos Aires ampliándose de 12 a 24 horas el plazo para que sea librada la orden de detención en comisarias de la Provincia, sumado a la intensión de ampliación del plazo para decidir sobre la procedencia o no de la prisión preventiva de cinco a diez días.

Exigimos un debate público del proyecto, acceso a información real acerca de lo que se está votando, efectiva implementación de las leyes de promoción y protección de los derechos de la niñez, diseño de políticas sociales respetuosas de los derechos de los ciudadanos.

Espacio de abogados del Frente Popular Darío Santillán.

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