Nuevo Proyecto educativo en la provincia de San Luis

Educación Digital en el feudo.

El pasado mes de septiembre el ejecutivo provincial presentó un proyecto que promueve la creación de Escuelas Públicas Digitales. Esta modalidad escolar abarcaría los tres niveles y según la ley, beneficiaría a “…todos los habitantes de la provincia: niños, jóvenes y adultos, que deban iniciar y completar sus estudios.” El proyecto fue cuestionado por los referentes gremiales del sector docente.

Las escuelas digitales se sumarían a otros sistemas ya existentes: el público estatal, el privado, las escuelas autogestionadas y las desconcentradas. Al igual que en los últimos dos casos, la nueva modalidad contempla la posibilidad de que sean administradas por asociaciones públicas o privadas.

El proyecto fue cuestionado por los referentes gremiales del sector docente. La intención de Rodríguez Saá de crear un sistema de escuelas sin maestros se conocía desde hacía meses. Para destrabar el conflicto docente a principios de este año, tres de los cuatro gremios firmaron un acuerdo que mencionaba concretamente la educación digital. El propio gobernador lo anunció en la apertura de sesiones de la Legislatura y fue percibido como una respuesta concreta hacia el sector docente que llevaba un mes de paro y movilizaciones por aumento salarial, pago de zona y reconocimiento del doble cargo.

La relación conflictiva del gobierno con los docentes no comenzó en febrero del 2010. Los docentes lucharon contra las escuelas autogestionadas (2000-2001) y por la vigencia del estatuto docente (2004), realizando movilizaciones masivas y acciones de protesta en los pueblos del interior de la provincia. Con una gran participación de docentes autoconvocados, la mayoría de las veces no contenidos por los dirigentes sindicales, estas luchas canalizaron el descontento de diversos sectores de la sociedad con la familia gobernante.

¿Qué dice el proyecto?
Se estipulan equipos de seis maestros, de los cuales cinco estarán asignados a cinco Escuela Digitales. El sexto profesional realizaría tareas de coordinación y reemplazos eventuales. Cada maestro tendrá a su cargo una asignatura, la que irá dictando de forma rotativa en las cinco escuelas, por jornada a cada grupo de alumnos. Es decir, 6 (seis) docentes cada 5 (cinco) escuelas. Las áreas serían las siguientes:
1 – Área Ciencias Exactas (matemáticas, física, química y ciencias naturales), un docente.
2 – Área Ciencias Sociales (historia, geografía y formación regional que incluirá contenidos históricos, geográficos y culturales de la provincia), un docente.
3 – Área Lengua, lectoescritura e idioma, un docente.
4 – Área Mundo digital (diferentes hardware y software didácticos, lúdicos y artísticos. Investigación y producción de conocimientos. Uso de la web y redes sociales. Programación), un docente.
5 – Área Arte y deporte (tomando como eje la libertad de expresión y el juego; actividades con artistas locales, clubes deportivos, becarios, academias de arte y folclore, etc.), un docente.

El artículo 3° dice que “La Escuela Pública Digital basará su modelo pedagógico en la educación personalizada, donde cada alumno avanza de acuerdo a su proceso de desarrollo para adquirir excelencia en cada área del conocimiento. Atento ello, las EPD funcionarán todo el año.”

La vocación de achicamiento de las funciones y responsabilidades del estado se evidencia en el artículo 5°. Este dice que “La EPD podrá ser de gestión pública (provincial, municipal) o privada (fundaciones, asociaciones, u otras). Quien gestione la EPD será responsable de contratar al equipo de docentes y proporcionar la locación, como así también su mobiliario, mantenimiento, limpieza y todo aquello que requiera para la correcta administración.”

La Universidad de La Punta, sería la institución responsable de capacitar a los docentes y otorgar las acreditaciones correspondientes. Por las características se requiere de los docentes dedicación exclusiva (art. 7).

El poder ejecutivo se encarga de diseñar los programas, proyectos, metodologías y definir los contenidos mínimos de cada área sin participación de ningún otro actor de la sociedad.

El financiamiento sostenido de este sistema es una incógnita. Aparece como una Cláusula Transitoria (art. 14), que faculta al ejecutivo a disponer de “…las previsiones presupuestarias y/o modificaciones de partidas pertinentes a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.”

Una vez que se apruebe la ley, se debe reglamentar en un plazo de 90 días.

Este proyecto, que representa un nuevo avance del neoliberalismo en la educación, está siendo resistido por los docentes y reformulado por el gobierno provincial, que trata de maquillarlo para contar aunque sea con un mínimo grado de consenso.

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